TERCER CAMINO A LA NACIÓN VENEZOLANA
SITUACIÓN POLÍTICA Y DERECHOS HUMANOS
La estabilidad política e institucional de Venezuela se encuentra en crisis. El descontento popular ya alcanza niveles que significan un serio cuestionamiento al sistema político conocido como la “quinta república”. El movimiento campesino ha perdido toda esperanza de acceder a las tierras de vocación agrícola, mientras surgen nuevos terratenientes y latifundistas. La contratación colectiva mediante la cual los trabajadores defienden y mejoran sus derechos económicos y sociales, ha sido férreamente limitada.
Definitivamente el derecho social a la vivienda no se satisface. La corrupción administrativa alcanza todos los niveles de la administración pública. La producción agropecuaria no garantiza la soberanía alimentaría, más de la mitad del presupuesto nacional debe ser destinado a comprar alimentos en el exterior.
Los cuerpos policiales cometen mensualmente centenares de asesinatos, fundamentalmente contra habitantes de los barrios populares, sin que se produzcan las sanciones penales correspondientes, como tampoco ocurre en los casos de corrupción administrativa.
La crisis financiera mundial amenaza seriamente la estabilidad económica del país, ya que el gobierno nacional ha profundizado la dependencia de Venezuela de la renta petrolera. En ese marco la caída de los precios del petróleo trae como consecuencia un marcado déficit fiscal que afecta el derecho a la educación, a la salud, la construcción de viviendas y de otras obras públicas (al extremo que Venezuela recibió en calidad de préstamo la cantidad de 4.300 millones de dólares de la República de Brasil, para concluir algunas obras públicas), la producción agropecuaria, etc.
La acentuada concentración de poder que ostenta el entorno presidencial y la militarización de la mayoría de las instituciones, es rechazada por la sociedad venezolana.
Igual repudio merecen los actos de traición a la patria en que ha incurrido el Presidente de la República, en su política de endeudamiento externo. Cabe destacar que el préstamo otorgado por la República de Brasil fue garantizado con reservas de petróleo de la Faja del Orinoco. Es decir, ante un incumplimiento de los pagos de dicha deuda el ente acreedor puede hacer ejecutar la indicada garantía, con lo cual parte del territorio nacional y de nuestros recursos naturales quedarán bajo el dominio de factores extranjeros.
Otorgar las reservas petroleras como garantía de un contrato de préstamo, o de cualquier otra naturaleza, constituye una violación del artículo 12 de la Constitución de la República, según el cual “Los yacimientos…de hidrocarburos…existentes en el territorio nacional…son bienes del dominio público y, por tanto, inalienables…”.
Es importante destacar que la Asamblea Nacional, con la excepción de algunos diputados, también es responsable de estos actos que vulneran la soberanía territorial y económica de Venezuela, ya que dicho ente legislativo reformó el artículo 93 de la Ley Orgánica de Administración Financiera, que prohibía “contratar operaciones de crédito público con garantía o privilegios sobre bienes o rentas nacionales…”, con el claro propósito de permitirle al Ejecutivo Nacional adelantar tales endeudamientos ofreciendo como garantía nuestras reservas petroleras, aunque como ya lo vimos es inconstitucional.
Por otra parte, la negociación que en forma secreta se adelantaba con el gobierno colombiano sobre la delimitación del Golfo de Venezuela, también constituye una grave traición a la República. Según la denuncia formulada por Francisco Nieves Croes, miembro de la Comisión Presidencial para la Delimitación de Áreas Marinas y Submarinas con la República de Colombia, en carta dirigida a los demás integrantes de dicha Comisión, la proposición avalada por el embajador de Venezuela “se trata de una repartición, en la cual se han asignado al vecino país áreas para las cuales carece de titulo jurídico, mientras que Venezuela sí los posee en cantidad y calidad suficientes”.
Estos comportamientos del gobierno nacional han provocado un creciente desencanto de la población venezolana hacia la pretendida “revolución”, al extremo que después de cuatro semanas de un gran esfuerzo nacional, con el apoyo del CNE y de toda la administración pública, no han logrado que más del 20% de los militantes del PSUV ratifiquen su voluntad de pertenecer a dicha organización política.
En este contexto la ilegitimidad del sistema político es ya una realidad. Las luchas sociales han comenzado a protagonizar la vida política del país. Los liderazgos sociales: obreros, estudiantiles, campesinos, defensores de los derechos humanos, indígenas, educadores, trabajadores de la cultura, profesionales, religiosos, etc., con autonomía e independencia anuncian un proceso constituyente originario y popular que producirá el desplazamiento del poder constituido.
El Gobierno Nacional no respetará las expresiones de soberanía política y autodeterminación histórica del pueblo venezolano, no entregarán dignamente el poder político al nuevo poder constituyente originario y popular.
Pretenden inculcar terror en el seno popular con la finalidad de inhibir toda manifestación de disidencia social y política. Se prepara un amplio plan represivo que no se detendrá frente a los derechos humanos. Desde el derecho a la manifestación pública, a la libertad de expresión, a la huelga, a la reunión; hasta los sagrados derechos a la inviolabilidad del hogar, al debido proceso, a la libertad y a la vida, serán abiertamente violados en nombre de la “revolución y el socialismo”.
Ante la creciente ilegitimidad del gobierno nacional, del PSUV y de toda la institucionalidad del sistema político, incapaz de defender su autonomía e independencia ante el poder ejecutivo nacional, apelarán al aparato policial y militar para aferrarse al poder sin importarles los crímenes que cometan contra el pueblo.
Hacemos un llamado a todas la organizaciones de defensa de los derechos humanos y a todas las organizaciones sociales: estudiantiles, obreras, campesinas, religiosas, vecinales, profesionales, etc., a constituir un gran frente nacional en defensa de los derechos humanos de todos los venezolanos, de los luchadores sociales y políticos disidentes, y de todos los integrantes de cualquier organización popular, gremial o política.
DEFENDAMOS EL DERECHO A LA DISIDENCIA
DEFENDAMOS LOS DERECHOS HUMANOS
NO A LA REPRESIÓN POLICIAL Y MILITAR
HACIA UNA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE ORIGINARIA Y POPULAR
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